Por Catalina Morán Bahamondes, estudiante MBA USACH
El reciente proyecto de ley de cumplimiento tributario, que fiscalizará a quienes reciben más de 50 transferencias desde diferentes destinatarios, ha generado un amplio debate en la sociedad y particularmente en la comunidad de negocios. Desde una perspectiva objetiva, esta iniciativa busca combatir la elusión y la evasión fiscal, promoviendo mayor transparencia y formalidad en las transacciones económicas. Sin embargo, también plantea retos significativos para ciertos segmentos de la economía, especialmente para pequeños emprendedores que utilizan estas transacciones como una vía para generar ingresos complementarios.
Este tipo de regulación, aunque loable en su propósito de fortalecer las finanzas públicas y asegurar la equidad fiscal, podría tener efectos adversos en los microempresarios y trabajadores independientes. En particular, aquellos que operan con volúmenes de ventas menores y para quienes la informalidad no es una elección deliberada, sino una consecuencia de la falta de acceso a herramientas y conocimientos sobre formalización. El impacto económico sobre este grupo podría ser severo, ya que muchos de ellos dependen de estas actividades para complementar sus ingresos familiares.
La vinculación de la fiscalización de las 50 transferencias con la aplicación del IVA también genera preocupación. Para muchos pequeños emprendedores, cumplir con esta obligación adicional podría traducirse en una mayor carga administrativa, además de implicar un costo directo que podría reducir considerablemente su margen de ganancia. Si bien el IVA es un impuesto esencial para el financiamiento público, imponerlo de manera indiscriminada a emprendedores con operaciones de baja escala podría desalentar su actividad y, en algunos casos, empujarlos hacia la informalidad, lo que contraviene los objetivos de la ley.
Desde una mirada crítica, esta ley podría ser interpretada como una medida anti pymes, dado que su aplicación podría resultar en un incremento de los costos administrativos y tributarios para emprendedores que ya enfrentan numerosos desafíos para mantener sus operaciones. Por ejemplo, la imposición de obligaciones tributarias adicionales podría desalentar la actividad emprendedora y aumentar la informalidad, precisamente el fenómeno que busca combatir. Si bien es necesario que las instituciones funcionen y las leyes se cumplan, también es fundamental asegurar que estas no se conviertan en una barrera insuperable para los pequeños negocios.
Como profesionales en administración y negocios, tenemos la responsabilidad de contribuir al desarrollo económico en el país. En este sentido, es crucial fomentar e diálogo entre los sectores público y privado para diseñar estrategias que no solo impulsen el cumplimiento tributario, sino que también apoyen a los emprendedores en su proceso de formalización. Una alternativa viable sería implementar un plan nacional de capacitación e información, orientado a motivar y apoyar a los emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de manera accesible y amigable.
Este plan podría incluir talleres presenciales y virtuales, plataformas digitales con información simplificada y accesible, así como incentivos para aquellos que decidan formalizar sus negocios.
Además, podrían considerarse exenciones o reducciones tributarias temporales para pequeños emprendedores que inicien su proceso de formalización, creando un entorno motivador y no coercitivo para el cumplimiento tributario. Estas medidas contribuirían a reducir el impacto negativo de la ley sobre las pymes y permitirán que estas desempeñen su papel como motor del crecimiento económico nacional.
En conclusión, si bien la Ley de cumplimiento tributario representa un avance en la lucha contra la informalidad y la elusión fiscal, es fundamental considerar sus repercusiones en los pequeños emprendedores. El equilibrio entre el cumplimiento legal y el apoyo a las pymes es clave para garantizar que esta medida no se convierta en un obstáculo para el desarrollo económico. Como comunidad de postgrado, nuestro deber es aportar desde nuestros conocimientos y competencias para promover soluciones que beneficien a la economía del país en su conjunto. Solo así podremos construir un sistema tributario más justo y eficiente, que fomente la formalización sin perjudicar a los sectores más vulnerables del ecosistema emprendedor.
